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En una reciente reunión con destacados periodistas surgió un intenso debate sobre qué tipo de gobierno podría sacar a España de la encrucijada actual. Quienes defendían al Ejecutivo admitieron que repetir la fórmula de las dos últimas legislaturas no resolvería el problema, dado su mal funcionamiento. Por su parte, quienes apoyaban a la oposición reconocieron que una coalición entre el PP y Vox tampoco sería la solución. En definitiva, el país parecía encontrarse en un callejón sin salida.

El hecho de que no se haya aprobado ni un solo presupuesto durante toda la legislatura lo explica todo. El propio vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, reconocía que el fin de los fondos de recuperación NextGeneration complica extraordinariamente la situación. Los 25.000 millones de euros que España recibía cada año permitían, en cierta medida, funcionar sin aprobar las cuentas de las administraciones públicas. Sin embargo, a partir de la próxima legislatura esto ya no será posible.

Gobernabilidad

El bloqueo político amenaza con prolongarse si los grandes partidos siguen dependiendo de alianzas que dificultan acuerdos sobre las cuestiones de Estado

La fórmula de gobierno impulsada por Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa, pese a haber perdido las últimas elecciones, no ha funcionado. La creación de una especie de frente popular integrado por partidos de ideologías diversas ha demostrado ser ineficaz para afrontar problemas como la vivienda, la inmigración, la financiación autonómica y los grandes desafíos económicos. Tampoco ha dado respuesta a la profunda crisis institucional, incluida la situación de la justicia
y la política exterior. Para resolver las grandes cuestiones de Estado se necesitan colaboración y
consenso.

Con la derecha ocurre algo similar. El mundo empresarial reconoce en privado que un gobierno del PP presidido por Núñez Feijóo con Abascal como vicepresidente tampoco sería una solución. Por ejemplo, si un nuevo ejecutivo conservador cumpliera su promesa de devolver a los inmigrantes a sus países de origen, podría desencadenarse una profunda crisis económica. Muchos de los puestos necesarios para construir vivienda quedarían sin cubrir. Además, una parte importante del crecimiento del PIB procede del aumento de la población. La baja natalidad y el envejecimiento de la población local agravarían el problema de las pensiones. A ello se sumarían los conflictos con nuestros socios europeos si se intentaran cumplir promesas como dar prioridad a los nacionales frente a los inmigrantes en el acceso a las prestaciones sociales.

Vox tiene como socio preferente a Donald Trump y respalda, por tanto, una política económica basada en la subida de aranceles y en fuertes inversiones en defensa, medidas que agravarían aún más el déficit público. Para Alberto Núñez Feijóo sería una auténtica pesadilla gobernar con una fuerza como Vox si alcanzara entre 70 y 80 diputados. Se trataría de un socio muy fuerte dentro de un gobierno débil, especialmente si el PSOE obtuviera más votos y escaños que el PP aunque no pudiera gobernar. Sería la situación actual, pero a la inversa.

La única salida posible sería recuperar la democracia parlamentaria que emana de la Constitución. El modelo de gobernanza de la transición, inspirado en el sistema alemán, consistía en permitir que gobernara
el partido más votado y buscar después acuerdos parlamentarios para aprobar leyes y presupuestos. Esta fórmula funcionó razonablemente bien durante cuatro décadas, hasta que Pedro Sánchez la rompió al hacerse con el control del PSOE, frente a la dirección socialista, al grito de “no es no”.