Si un político afronta unas elecciones que, en principio, tiene ganadas y no quiere perderlas, debe mentir o, al menos, ocultar la verdad. El electorado prefiere las buenas noticias. Así ocurrió en el célebre debate de febrero del 2008 entre el entonces vicepresidente económico, Pedro Solbes, y Manuel Pizarro, número dos del PP por Madrid. Solbes ganó el debate y las elecciones al negar, contra la evidencia, que España entraba en una grave crisis hipotecaria. Pizarro dijo la verdad, tenía razón y perdió.

La historia se ha repetido una y otra vez. Mariano Rajoy prometió bajar los impuestos pese a saber que tendría que subirlos ante la mala herencia recibida de los socialistas. Ganó y, lejos de reducirlos, los aumentó. En 1982, Felipe González prometió crear 800.000 empleos, pero destruyó un millón; también ganó. Pedro Sánchez aseguró que no habría amnistía ni gobernaría con Podemos; incumplió ambas promesas y ganó. Ahora le toca a Alberto Núñez Feijóo, que se ha comprometido a revalorizar las pensiones conforme al coste de la vida. Sánchez se ha apresurado a acusarlo de mentir. Ambos saben que el gasto en pensiones de la Seguridad Social ha aumentado un 60% desde el 2018, que se triplicará en el 2050 y que superará el billón de euros en el 2070. También conocen que el déficit contributivo real­ –la diferencia entre lo recaudado por cotizaciones y el coste de las prestaciones– asciende a 56.946 millones de euros y que la deuda supera los 136.000 millones. A ello se suma el rápido envejecimiento de la población. El fuerte aumento de cotizantes por la llegada masiva de inmigrantes alivia el problema a corto y medio plazo, pero lo agrava a largo plazo cuando estos nuevos cotizantes cobren sus pensiones. No debe olvidarse que, de media, se percibe un 70% más de lo cotizado.

El político que no quiere perder debe mentir o, al menos, ocultar la verdad

La Airef, organismo oficial adscrito al Ministerio de Economía, ha reclamado reformular la regla de gasto de la Seguridad Social. Varios centros de estudios, entre ellos Fedea, han pedido medidas de contención para garantizar la viabilidad del sistema a medio y largo plazo. Grandes organismos internacionales, como la OCDE, la Comisión Europea y el FMI, coinciden en que este es el principal problema económico estructural de España.

Luis de Guindos, de quien se rumorea que volvería a dirigir la política económica si gobernara el PP, ha se-ñalado que todos los gobiernos, con independencia de su ideología, han tenido que reformar las pensiones. Por ello, ha pedido “sacar las pensiones
del debate político”, como se acordó en 1995 en el Pacto de Toledo. Las reformas aplicadas durante los últimos sesenta años han evitado la quiebra del sistema. Incluso Rodríguez Zapatero­ afrontó una huelga general tras ele-
var la edad de jubilación de 65
a 67 años.

Hay que hacerlo, pero no decirlo, y mucho menos en campaña electoral.